«Podríamos
colegir que la infanta firmaba “en barbecho”, pero casi nunca es una coartada
para eludir la responsabilidad que corresponda en cada caso»
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| Firmando "en barbecho" |
Firmar en barbecho
A pesar de todas las zancadillas que el régimen ha
puesto para que, por primera vez en la historia de España, se siente en el
banquillo de los acusados un Borbón, el procedimiento judicial ha seguido su
curso. Las dificultades del propio caso, así como los impresentables alineamientos
del Fiscal y del Abogado del Estado con
la defensa de la Infanta Cristina de Borbón y Grecia, no han amilanado en
absoluto la voluntad de un Juez, José Castro, por que se conozca la verdad de
robos, prevaricaciones, saqueos de arcas públicas, y enriquecimientos a costa
de los impuestos de los ciudadanos, perpetrados por miembros de la Casa Real
española.
En la fase final del
procedimiento, cuando las partes tienen que presentar escritos que recojan sus
peticiones para el juicio, así como los medios de prueba de que intenten
valerse, la Infanta no solo se declara inocente, sino que pretende un trato de
favor, con la argumentación ya trillada de que firmaba sin saber lo que le
ponían delante de sus narices. Como no lo puede negar, por estar sobradamente
acreditado, reconoce que era propietaria al 50 % de la sociedad Aizoon, pero
niega la mayor, es decir, que no era cooperadora necesaria y que no tenía
conocimiento de la trascendencia de lo que le pasaban para estampar su firma.
En una nueva vuelta de tuerca a la normativa legal, nos encontramos ante una
tesis que, de ser aceptada, echaría por tierra unas cuantas leyes y miles de
sentencias de los más altos tribunales de nuestro país. Otra línea argumental
de defensa, aunque no la citen, por la corrupción y prevaricación que hubo en
aquello, es la llamada doctrina Botín, y que hizo que aquel “patriota”, con su
fortuna a buen recaudo fuera de España, se fuera de rositas, porque no había
acusación popular, y tanto el Fiscal como el Abogado del Estado, en un
ejercicio de cinismo sin precedentes, decidieron no acusar al banquero de
delito fiscal; es decir, una vez más, dispararon con “pólvora del Rey”, pues
los perjudicados éramos todos los contribuyentes y no fuimos consultados acerca
de aquel regalo que la Agencia Tributaria realizó al difunto don Emilio. Nadie
ha sido objeto, a pesar de ese precedente, de tal beneficio, antes al
contrario, es casi seguro, no solo pagar con creces lo defraudado, con multas e
intereses, sino pasar una temporada en Soto del Real o Alhaurín de la Torre por
conducta similar.
Otras perlitas de la línea
argumental de defensa, y que no tienen desperdicio, son las relativas a la
“intensa vida personal, institucional y profesional” de Cristina de Borbón, y
donde llegan a citar, en el colmo de la desvergüenza, su pluriempleo entre la
Caixa, la Casa Real y sus obligaciones de madre de cuatro hijos. Todo ello, al
parecer, le impedía “estar al corriente de múltiples gestiones directamente
vinculadas con la economía familiar”. De
igual calado es la de que “tenía conocimientos mínimos de fiscalidad”. Toda esta literatura, que no tiene
consistencia jurídica para librar a nadie de sus responsabilidades, pone
también en evidencia las mentiras que la propaganda monárquica ha repetido a lo
largo de los años. ¿No quedamos en que tenía un altísimo cargo en la Caixa por
su sólida preparación, y que acudía a diario a trabajar? ¿No nos habían dicho que se ocupaba de sus
hijos y de su casa como cualquier española de clase media?
Podríamos colegir, y puede
que sea cierto, que la Infanta “firmaba en barbecho”, dicho en términos
castizos. Hay una larga tradición en nuestro país al respecto, pero ello casi
nunca es una coartada para eludir la responsabilidad que corresponda en cada
caso. En la Administración de Justicia, y algo conozco de ello, muchos jueces y
secretarios firman todo aquello que los funcionarios les pasan, en la mayoría
de los casos sin leer apenas la resolución de que se trate. Esto no ha mejorado
con la implantación, en algunos tribunales, de la firma electrónica. Hace como
treinta años estalló en Madrid un escándalo de corrupción en el seno de los
juzgados de la Plaza de Castilla; precisamente tuvo que ver con la denuncia una
jueza, Manuela Carmena, hoy candidata a la alcaldía de Madrid. En realidad lo
que ocurrió fue que se aprovechó un caso muy flagrante para sacar a la luz una
situación generalizada de mordidas, sobornos, y todo tipo de prácticas
corruptas en los juzgados de lo civil de la capital. Tuve algo que ver con el
pequeño grupo de personas, entre ellas la citada magistrada, que se organizó
para denunciar aquella situación y por ello guardo memoria y documentación del
asunto. Recuerdo que la línea argumental de jueces y secretarios fue que
firmaban “en barbecho” todo lo que les pasaban sus funcionarios, por la
sobrecarga de trabajo y por la relación de confianza que existía. Lo cierto es
que estos altos funcionarios consiguieron salir bien del sumario, si bien algo
tocados en su prestigio profesional. Hubo uno de aquellos jueces, déspota
además con sus subordinados, que un día, tiempo después, firmó sin saber una
petición de traslado, de la que no pudo retractarse, pues hubiera quedado muy
mal, además de no conseguir la anulación del escrito.
Hay una inveterada costumbre
en esto, madres que firman compromisos de pago de sus hijos, o familiares que
firman avales bancarios con sus bienes como garantía. Esposas que firman
papeles de sociedades instrumentales de bienes gananciales para pagar menos a
Hacienda; esto lo hacen miles y miles de los que claman al cielo por el
cumplimiento con Hacienda, como varios ministros, y todos los que en este país
tienen para pagarse un asesor fiscal. Lo que nadie argumenta, cuando la
Justicia o el Fisco les pillan es que no sabían lo que firmaban, y si lo hacen
da igual
En cuanto a la profesión que
conoce bien la infanta, la de miembro de la Casa Real española, tiene también a
sus espaldas una larga tradición de “firmar en barbecho”. Claro que, cuando el
que firma es el titular de la corona, o el regente o la regente, la cosa puede
tener consecuencias graves, en particular para los afectados. Pero nadie les ha
pedido después responsabilidad por los desafueros, salvo en una ocasión, y que
fue durante la Segunda República, con la histórica sentencia que las Cortes
Constituyentes aprobaron tras enjuiciar los delitos cometidos por Alfonso
XIII. Se creía entonces, tras el apoyo
mayoritario del pueblo español recibido por el régimen del 14 de abril, que
quedaban en el rincón de la historia aquellos Borbones, todos firmantes “en
barbecho”, de expropiaciones ilegales, de venta de bienes de bienes del
Patrimonio Nacional como propios, de leyes injustas, de golpes de Estado
militares, de órdenes de represión brutal en las colonias, de sentencias de
muerte de republicanos, etc., etc., es decir aquellos Borbones a los que las
urnas señalaron el camino hacia el puerto de Cartagena, tras siglos de guerras
civiles y latrocinios. Volvieron de la mano de Franco, los seguimos soportando,
son los mismos. ¿Hasta cuándo?
Hoy, como ayer, ¡Viva la
República!
ISABELO HERREROS
