«Tengo la convicción de que el actual caso Pujol no se va a solventar
con justicia»
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Jordi Pujol haciendo patria
Ilustración especial para 3 colores 3 de Kiko Feria |
Pujol, un padrino con barretina
A
veces, cuando la verdad no es soterrada por pequeños intereses políticos, la
realidad tozuda nos muestra en toda su podredumbre a una clase dominante catalana
corrupta y tan reaccionaria como la que más, hermanada desde tiempo inmemorial
con su homologa castellana, o madrileña. Pero como cada día tiene su afán, de
lo que hoy quiero escribir es del origen de la fabulosa fortuna de clan Pujol,
cuyo patriarca, Florencio, era conocido en los ambientes del estraperlo de
post-guerra como Pujolet, por su escasa estatura. Dado que nadie, y menos aún la Agencia
Tributaria, se ha creído lo de la herencia de papá, vamos a aportar nuestro
grano de arena al debate. No he tenido que trabajar mucho para los datos, pues
cuanto estalló el escándalo de Banca Catalana, allá por el año 1984, me
encargaron en el semanario para el que trabajaba el seguimiento del sumario
judicial, cerrado en los años sucesivos con prevaricación, tras un acuerdo de
Jordi Pujol con Felipe González, que refrendó un tribunal indigno,
estableciéndose a partir de entonces una doctrina de impunidad para delitos
similares, eso sí a costa, en aquellos años, de la desgracia de los
perjudicados de las “preferentes
catalanas”, y de las arcas públicas españolas, que, como veremos, sufrieron
grave quebranto.
Corría el año de gracia de 1984, de la nunca finalizada
transición, con Felipe González en la Moncloa y Miguel Boyer en Alcalá 9,
cuando estalló el llamado caso Banca Catalana, del que se ha vuelto a hablar en
los últimos meses, con más pena que gloria, y con los lamentos de uno de los
fiscales obligados entonces a envainarse la acusación, Jiménez Villarejo, tras
la vergonzosa actuación del pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona,
acordando el archivo de las actuaciones.
Los de más edad recordarán como un latrocinio similar o superior al de
Bankia fue convertido en “un agravio a Cataluña”, si se atrevía la justicia a
investigar y sentar en al banquillo a una banda de delincuentes de cuello blanco,
comandados por un botiguer llamado Jordi Pujol, y que debían todo a su
parentesco con la corrupta oligarquía franquista.
En
los años que van desde la crisis internacional del petróleo de 1973, hasta
comienzos de los años ochenta, la economía española estaba muy mal, con
reformas aplazadas por el superior interés de la transición a la
democracia; aún no estábamos en Europa,
las industrias iban de mal en peor y el Estado, para evitar males mayores,
había creado una suerte de hospital para bancos en apuros, es decir, con dinero
de todos los españoles, como de costumbre, se evitaron quiebras, se apuntalaron
fortunas y unos cuantos banqueros ladrones se fueron de rositas, eso sí, tras
dejar en la ruina a unos cuantos miles de pequeños ahorradores, como fue el
caso de Banca Catalana.
Pero vamos al origen de aquel escándalo, cuyas consecuencias
llegan al presente. La historia empieza con otro nombre: Banco Industrial del
Mediterráneo. Este banco había sido fundado a finales de 1972, como “banco
industrial de negocios”, con mayoría de socios catalanes, aunque vinculados en
algunos casos a la oligarquía mesetaria y franquista. Nos encontramos apellidos
como Bufill Bernardes, Renau Manén, Buxeda Nadal, Folch Vázquez, Gaspart, Salvá
Miquel, los Negre, familiares de Tomás Garicano Goñi, ministro de la
gobernación de 1969 a 1973, y un largo etcétera. Muy pronto experimentó un
crecimiento espectacular, que se hizo notar en los círculos económicos, y que
puso la mosca detrás de la oreja a algún que otro funcionario del Banco de
España. El señuelo de su captación de clientes no era otro que el pago de
“extratipos”. En 1977, a cinco años de
su fundación, el banco creció un 70 por 100, y batió el record en la evolución
de recursos ajenos dentro de toda la banca española de entonces.
El “líder” de aquel tinglado era Julio Martínez-Fortún Soler,
un financiero de dudosa reputación, pero que se movía muy bien en los círculos
del poder. Atrajo a los consejos de administración de las sociedades del grupo
a personajes como el entonces teniente general Ibañez Freire, Francisco
Fernández Ordoñez, ministro primero con UCD y después con el PSOE, Fernando Liñán, ministro que había sido del
gobierno de Carrero Blanco. Fue en plena expansión del banco cuando Julio
Fernández-Fortún empezó a llevarse grandes sumas de dinero a Panamá, con la
excusa de la fundación allí de un banco, con un capital inicial de 250 millones
de pesetas. Durante un tiempo tuvo participación en el negocio Emilio Botín.
Todas las operaciones del banco se hacían a través de un holding, PROBIMSA, y
que era una sociedad financiera que actuaba como cabecera del grupo de
especuladores que controlaba el banco,
en cuyo consejo de administración ya se había sentado el antes citado Francisco
Fernández Ordoñez, a la sazón ministro de Hacienda desde el 4 de julio de 1977.
Otra de las causas del fulgurante crecimiento del banco se debía a estrechos
vínculos con cajas de ahorro, una de ella, la de Zaragoza, Aragón y Rioja,
apoyó con inversiones de dudosa rentabilidad las iniciativas empresariales del
banco. Lo cierto es que el viejo timo del pago de extratipos o intereses
desmesurados pronto iba a reventar.
En junio de 1978 la estrecha relación con las cajas de ahorro
dio lugar a una oferta de compra del banco por parte de la Caja de Ahorros de
Valencia, pero no se llegó a formalizar, en buena parte por las reticencias que
tenía entonces el Banco de España, pues la operación suponía, como ha ocurrido
años después, la perdida de los fines fundacionales de estas entidades, creadas
para cumplir una determinada función
social, y ayudar a los pequeños negocios, y no para que gentes sin escrúpulos y
sin preparación alguna lleguen a
banqueros o a los consejos de administración de las compañías eléctricas.
Todo iba bien, aparentemente viento en popa, pero el Banco de
España sabía que no era así, y se habían detectado irregularidades y salidas de
capital hacia Panamá, donde estaba instalado el presidente de la entidad, Julio
Martínez-Fortún. La apariencia, solo la apariencia, era de solidez, con unos depósitos de 30.300
millones de pesetas y una red de 38 oficinas, la mayoría en Cataluña. Lo cierto
es que la falta de liquidez precipitó los acontecimientos, los gerifaltes
granujas del banco, en algunos casos, ya habían puesto pies en polvorosa, con
unas cuantas carteras repletas de billetes,
pero aún intentaron que el Banco de la plaza de Cibeles les echase una
mano. Fue entonces, cuando la dirección del Banco de España, junto con el
Ministerio de Hacienda, cuyo titular era Fernández Ordoñez, a la vez consejero
de PROBINSA, propiciaron la venta a
Banca Catalana, por entonces una pequeña banca de provincias, propiedad de los
Pujol, con las marcas muy modestas de
Banco de Barcelona, Banco Mercantil de Manresa y Banco de Gerona .
Ya ven los lectores que poco cambian las cosas en España,
también en el reciente desastre de Bankia había un Fernández Ordoñez, pero en
esta ocasión al frente del Banco de España. La operación se hizo a finales de
enero de 1979, por el irrisorio precio de 801.000.- pesetas, sí, amigo, ha
leído bien: el equivalente a 4.814,11 euros, es decir, un regalo, a peseta la
acción del banco. Además de esto el Banco de España otorgó a Pujol y sus amigos
un crédito de más de 6.000 millones de pesetas en condiciones muy ventajosas de
interés, prácticamente un regalo. Es decir, desde el gobierno español se dieron
todo tipo de facilidades, a costa nuestra como siempre, para que el
nacionalismo catalán representado por Pujol se hiciera con un banco mediano en
el negocio financiero de nuestro país.
La secuencia del desastre, es decir, cómo una entidad
bancaria saneada y en expansión, es arruinada y saqueada por una banda
organizada de depredadores y chorizos, puede trasladarse a guión
cinematográfico con facilidad, solo que en unos casos los delincuentes portan
bandera monárquica española y en otros barretina y señera. Daría para unos
cuantos artículos más, con el consiguiente cansancio de los lectores, contar
todo lo que ocurrió en Banca Catalana hasta el desastre final, por lo que vamos
a las consecuencias del escándalo.
En la
magistral defensa que hizo entonces de Pujol, su abogado, Joan Piqué Vidal, no
se negaron los fraudes y las apropiaciones sustanciosas de dinero; lo que
negaba el letrado, con más entusiasmo que datos, era que Pujol hubiera metido
la mano. Aquel letrado, profesor de Derecho Penal, conocía bien el entramado de
Banca Catalana, y también de Renta Catalana,
que citamos por la relación que tuvo esta otra entidad con la caja B de
la banca pujolista. El abogado había sido, nada menos, que secretario general
de la entidad bancaria, y estuvo a punto de ser obligado a cambiar su situación
procesal, y pasar de abogado defensor a testigo o, incluso procesado. Él y
otros letrados, también intervinientes en el caso, resulta que habían sido
quienes, como “parte contratante” se las habían visto en noviembre de 1982,
cuando todo iba a pique, con los accionistas del banco, en junta general. Con
una brillante actuación, digna, eso sí, del abogado de don Vito Corleone, Piqué
consiguió que los accionistas no acudieran a los tribunales y que optasen por
esperar a acuerdos y pactos, “entre buenos catalanes”, para recuperar algo de
sus dineros. Lo que son las cosas, resulta que el Joan Piqué de entonces tenía
cierto parecido físico con el actor Robert Duvall, aquel que en la pantalla
daba vida a Tom Hagen, el abogado de los Corleone en El Padrino.
La aportación
que hizo entonces el Estado, para apagar el fuego, fue de 400.000 millones de
pesetas, sí, lector, así fue. Si quiere haga usted la traslación a euros, que a
mí me da vergüenza. Ya es conocido cómo salió Pujol inmaculado de aquello, tras
ser aclamado por las multitudes, de
derechas e izquierdas, cuando desde un balcón de la plaza de Sant Jaume
homologó su imputación con un agravio, un ataque a Cataluña. Fue el letrado
Piqué el que fraguó todo tipo de pactos entre bambalinas, durante varios años,
para que aquel sumario acabase arrumbado en una audiencia, con gran daño para
la imagen de la Justicia, tras aquel gran escándalo.
El citado Joan
Piqué, autor de algunas monografías de derecho penal, se creía, como su jefe
Pujol, intocable. La actitud de muchos jueces y magistrados, ante este
personaje, era la de auténticos lacayos. Era mucho su poderío, pero vino a caer
en desgracia hace unos años, como consecuencia de su relación con Pascual
Estevill, aquel juez elevado a consejero del Poder Judicial por CIU, y que fue
condenado por extorsiones económicas, realizadas mientras se desempeñaba como
magistrado-juez en Barcelona. Los dos ilustres juristas dieron con sus huesos
en prisión, dada la evidencia de sus sucios negocios.
Como final, y
para entender la complejidad de los escándalos financieros en España, y, al
menos, explicarnos a nosotros mismos por qué no prosperan las querellas y demandas
de justicia, miremos un poco de reojo hacía el pasado, y veremos a las
diferentes oligarquías haciendo trampas, para, eso sí, no pisarse entre la
manguera entre bomberos, pero a costa de arruinar a los más débiles.
En 1983, ante
la situación creada por los desfalcos y latrocinios realizados en el grupo Banca Catalana, se traspasó la entidad
a un consorcio del resto de banqueros españoles. Finalmente el Banco de
Vizcaya, ya por entonces con afinidad nacionalista, se hizo con el 89 % de las
acciones, así como con el control del Banco Industrial del Mediterráneo y Banco
Industrial de Cataluña. En 1984 Pujol era incluido en la querella de la
Fiscalía, junto al resto de directivos de aquella banca, creada, nos decían,
para “fer país”. Tras la vergüenza de la gran concentración nacionalista en la Plaza
de San Jaume, Pujol fue excluido del sumario, si bien se continuó su
instrucción respecto de 18 ex consejeros del banco quebrado. Más de 3.000
folios y otros 65.000 en documentos acumulaban las diligencias judiciales. Los
cargos de la acusación eran graves: apropiación indebida, falsedad en documento
público y mercantil, maquinación para alterar el precio de las cosas y algunos
otros hechos también contemplados en el Código Penal vigente entonces.
Finalmente, y tras los embarullamientos que fue consiguiendo el equipo de
abogados de la defensa, el sumario fue sobreseído en marzo de 1990, con gran
daño para la Justicia, perjuicios fabulosos para las arcas públicas y la ruina
de muchos ciudadanos. Todo quedó en que hubo una gestión imprudente e incluso desastrosa.
Pero a lo que vamos, a nuestra encrucijada
histórica actual, con una confrontación política Gobierno español-Generalitat
de Catalunya, institución esta última que representa al Estado en aquella
comunidad autónoma; que no se olvide este aserto de Perogrullo para saber de qué
estamos hablando. Y ocurre este grave
conflicto mientras que sale a flote, como si se tratase de un viejo barco
pirata hundido hace siglos, la podredumbre de un clan mafioso, los Pujol,
treinta años después del escándalo Banca Catalana, y que es el origen de todo
lo que hoy se está conociendo, según mi modesta opinión. Ni el político más
lerdo se puede creer lo de la herencia de don Florencio Pujol, sobre todo
después de que la hermana del ex president manifestase su desconocimiento de la
existencia de tal legado; es decir, y esto en términos legales: “A confesión de
parte, relevo de prueba”.
Esperaba con ingenuidad que la comparecencia
del fundador de Convergencia Democrática de Catalunya ante el Parlament
aportase algo más de lo que ya conocemos a través de los medios de
comunicación. Decepción y pena, por ver como el viejo taimado sigue siendo el
gran padrino de su partido y aledaños. Treinta años después las mismas
apelaciones al patriotismo, que, como se ha citado por ahí invocando a Samuel
Jhonnson, mal traducido por cierto, es el último reducto de los canallas. Léase
entre líneas la primera intervención de Pujol y se verá como hay unos cuantos
mensajes, unos dirigidos a sus aún subordinados, empezando por Artur Mas, y
otros dirigidos a Madrid. Toda una puesta en escena, pero con advertencias en
caso de que se siga adelante. Es decir, Pujol podría hablar si quisiese, por
ejemplo, de la alianza financiera gestada en Barcelona, allá por 1990, para
ayudar al emirato de Kuwait, por entonces invadido por Sadam Hussein; podría
hablar también de Grand Tibidabo y de la participación en el holding de Javier
de la Rosa y del entonces tesorero del Rey, Manuel Prado, y así un largo
etcétera de asuntos y negocios turbios de los que tuvo en su día información
privilegiada.
Tengo la
convicción de que el actual caso Pujol, como todo lo que afecta a los poderosos
de nuestro país, no se va a solventar con justicia, es decir con castigo para
los actos delictivos, reparación a los perjudicados y celeridad en las
actuaciones judiciales. Antes bien, asistiremos a un proceso de desgaste del
Poder Judicial, que se verá, como es habitual, presionado y con permanente
boicot de todas sus actuaciones. También, una vez más, el PP, el PSOE y la
Corona, optarán por ayudar, con
impunidad y descrédito de la Justicia, a la oligarquía catalana representada
por CIU. En privado se les escuchará decir de nuevo, aquello de que “son unos
chorizos, pero los necesitamos para mantener la estabilidad política del
Estado”. Después del fiasco de la consulta para la secesión catalana, se
escuchará en Madrid que hay que echar una mano a CIU, que hay que tender
puentes y recomponer la situación, y, una vez más, entre los asuntos en los que
el Estado deberá de ser generoso será cierta manga ancha para la regularización
de capitales, así como la aplicación de prescripciones, facilidades en
definitiva para que, de nuevo, Pujol y su clan se vayan de rositas.
De aquellos
polvos vinieron estos lodos, y también
la célebre “herencia de don Florencio”, oculta durante todos estos años,
a buen recaudo, lejos de Cataluña y de la Agencia Tributaria. ¿Se desandará el
camino, y se llegará ahora a donde no se quiso llegar hace treinta años? No tengo por costumbre
hacer predicciones, pero me temo lo peor.
ISABELO HERREROS
